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La Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública tiene su origen en la firma de una Carta de Entendimiento suscrita entre la Secretaría de Seguridad Pública Federal del Gobierno de México (SSP), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE).
La finalidad es fortalecer en el servidor público la cultura del respeto y protección de los derechos humanos en todas las tareas de combate al delito, garantizando los derechos humanos de las víctimas, de los detenidos y de toda persona que tenga contacto con las fuerzas de seguridad, logrando así, el apoyo y la confianza de la ciudadanía.
La Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública está dirigida a un grupo de 300 servidores públicos de distintos niveles, quienes forman la primera generación, gracias a una beca financiada por USAID.

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